Jorge A. Hinojosa
El periódico The New York Times acaba de publicar algo que, puede que no sorprenda, pero al evidenciarlo es alarmante. El gobierno mexicano ha gastado, desde el 2011, casi 80 millones de dólares en un programa que debió haber sido utilizado estrictamente para la vigilancia de terroristas, en periodistas y activistas.
R3D, Social Tic y Artículo 19 con la ayuda de Citizen Lab de la Universidad de Toronto en Canadá, investigaron este asunto. Demostrando que el gobierno logró instalar un ‘malware’ infectando y activando dispositivos utilizados por los periodistas y activistas, llegando a tener acceso a micrófonos, mensajes, fotos, contactos y aplicaciones.
Este ‘software’ fue comprado por el gobierno mexicano de una compañía Israelí que su propósito inicial es para monitorear el terrorismo en México. Evidentemente ese no fue el caso.
Entre los “vigilados” del gobierno, está el representante de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Miguel Agustín Pro, Mario Patrón del Centro de Derechos Humanos, y la periodista Carmen Aristegui y su hijo menor de edad, Emilio Aristegui.
El programa utilizado para vigilar a los periodistas y activistas es Pegasus. Desarrollado por la compañía NSO Group. Un programa que solamente se vende a gobiernos para perseguir criminales.
Los vigilados recibirían un mensaje de texto con amenazas o noticias falsas (fake news) y al dar clic en la noticia o mensaje, su dispositivo sería inmediatamente afectado.
El periodista Carlos Loret de Mola de Televisa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad también fueron atacados por el programa.
Este es el tipo de escándalos que no solamente sacuden a una nación completa sino que mancha y destruye la confianza y la imagen que tienen los ciudadanos a su gobierno. Específicamente hablando del ya repudiado Enrique Peña Nieto.
El gobierno respondió. Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, emitió un tuit hablando de lo ocurrido. Dice que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano seas responsables del supuesto espionaje” y se le recomienda a las víctimas a denunciar ante la Procuraduría General de la República las ataques cibernéticas.
Este asunto no puede seguir vivo sin que sea públicamente investigado. El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene la absoluta obligación de darle frente a no solo a las víctimas del malware sino a todos los ciudadanos de México.
Los que trabajan para dar progreso a un país no deberían de ser víctimas de un gobierno que se supone que los debe de respaldar. Trabajadores sociales están siendo tratados como terroristas cuando los reales terroristas viven en el gobierno y luchan en contra de la educación de su pueblo.
Con información de: VICE News, Aristegui Noticias, The New York Times, y Forbes México.
