Río de Janeiro, 1980. El narcotráfico se inscribe como un potencial problema de seguridad pública y se inicia el combate bélico al tráfico de drogas ilícitas. Según la ONUDC, alrededor de 80 de cada 100.000 personas mueren cada año por armas de fuego y Río se inscribe como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Numerosas y periódicas invasiones policiales se suceden diariamente en las favelas, aumentando aún más la tasa de homicidios letales.
Río de Janeiro, 2015. Las favelas han sido pacificadas, el Estado recupera progresivamente el control de los territorios antes delegados a los grupos criminales de la droga. El número de muertes por armas de fuego disminuye en 25,1 (cada 100.000 habitantes) y la ciudad antes tildada como una de las más violentas de América Latina se convierte en un modelo de seguridad para la región latinoamericana.
Al comparar ambos espacios temporales, surgen varios interrogantes: ¿cómo pudo el Estado de Rio de Janeiro transformar una ciudad dominada por el narcotráfico y la violencia en una urbe modelo en materia de seguridad? ¿Cuáles han sido las políticas de seguridad pública que han permitido dicha transformación? Es evidente que estos interrogantes adquieren especial atención hoy en día, cuando la violencia y el narcotráfico toman un lugar central en el debate público de la región. En este sentido, es relevante estudiar el rol clave que poseen las políticas públicas para erradicar o exacerbar temas que se instalan en la agenda pública.
Ante la ineficiencia constatada de la vía punitiva, desde el 2008 el gobernador del Estado de Río de Janeiro decidió implementar un nuevo modelo de política pública en materia de seguridad. Consiste en la creación de Unidades de Policía Pacificadora en las favelas más peligrosas. Entre sus principales objetivos, cabe mencionar la recuperación del control de los territorios dominados por el crimen organizado, el desarme de los traficantes de drogas y la creación de condiciones para la integración social, económica y política de las favelas en la ciudad.
La Unidad de Policía Pacificadora se propone sustituir el poder del fusil del narco por la presencia del Estado. Esto implica menos armas y más interacción de los policías con los habitantes dentro de las comunidades irregulares. Esta política plantea, justamente, modificar la imagen de “policía guerrero” que ingresa en la favela solo para tirotearse con los narcotraficantes y herir a los civiles, e intenta crear un nuevo estereotipo de “policía” que no ingresa para matar sino para pacificar y recuperar el territorio dominado por los narcotraficantes. Esta presencia policial permanente es simultáneamente complementada con la expansión de servicios públicos y oportunidades laborales para de esta forma, reducir la informalidad en la economía local y generar mayor integración social. Estas medidas son completadas con la prohibición del uso de armas de fuego en dichas comunidades marginales, pobres y violentas.
Es así que el modelo plantea un enfoque completamente revolucionario en términos de seguridad pública, alejado de la vía punitiva y, por el contrario, dirigido al camino preventivo con un enfoque multilateral y social. De esta manera, el Estado se propone reconquistar territorios abandonados e integrar al individuo marginado en la esfera estatal.
Hasta la fecha, 38 UPPs han sido instaladas en el Estado y un total de 9543 policías han sido desplegados. Sin dudas, su impacto es también testigo de su éxito. Según un informe del Banco mundial, su implementación ha logrado resultados increíbles. Es así que en un estudio publicado en el 2013, el Banco asegura que la tasa de homicidios culposos disminuye drásticamente en un proporción del 75% y los robos experimentan simultáneamente un descenso de casi un 50% (Banco Mundial, 2013).
La iniciativa de la ciudad de Río de Janeiro para combatir el narcotráfico nos permite evidenciar que la clave de la reducción de los fenómenos de violencia urbana es la inclusión y el otorgamiento de verdaderos derechos sociales a los excluidos. Es así que la enseñanza más importante que lega este caso es que el principal problema dentro de Brasil no es el narcotráfico sino más bien la falta de oportunidades laborales, de desarrollo personal y la ausencia de servicios públicos (educación, salud, saneamiento público, agua, electricidad, entre otros). En consecuencia, la mejora de la seguridad pública debe centrarse en un enfoque multidimensional que cuente con facetas preventivas más bien que punitivas, atacando en forma directa las causas de la violencia y no solo sus consecuencias.
Es así que en un continente que ha privilegiado por años la vía punitiva, el caso brasilero pone en evidencia que existen otros modelos a la hora de tratar fenómenos de violencia urbana. Sin embargo, es relevante no ignorar los límites de dicha política: es evidente que las UPPs no representan una solución para todos los problemas de seguridad pública en los territorios marginados. Tampoco hay que ignorar los desafíos que esta política debe afrontar. En este sentido, cabe destacar que si bien las UPPs presentan un abordaje de tipo sui generis en materia de seguridad pública, ciertos críticos ponen en jaque la sustentabilidad del proyecto en el largo plazo.
De hecho, hay determinadas cuestiones que todavía siguen sin respuesta, tal como cuál es el plan de gobierno para aquellas favelas que no han sido todavía pacificadas (sobre todo en aquellas zonas más peligrosas y lejanas a los centros turísticos) o qué hará el Estado con los bandidos que migran hacia otras favelas o cómo tratar a aquellos individuos que han quedado “huérfanos del tráfico”. Es evidente que la respuesta que el Estado proveerá a dichas cuestiones determinará el futuro éxito o fracaso de dicho plan en el largo plazo y servirá para sentar un precedente en materia de seguridad pública en la región latinoamericana.
Fuente: www.innovaes.com
